“Ya se licitó la alcaidía. En los próximos seis meses estará. Es una inversión de $50 millones que se hará. Una vez que esté terminado se soluciona el tema de los presos en las comisarías”, aseveró ayer el gobernador José Alperovich, al considerar que la propuesta del Gobierno da por finalizada la crisis carcelaria planteada en un hábeas corpus que debe resolver la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la solución que emplearía el máximo tribunal contemplaría otras disposiciones, además de la ampliación de lugares de alojamiento en el servicio penitenciario provincial.

El vocal de la Corte Suprema, Antonio Estofán, describió ayer en radio Universidad cómo serán los pasos para el dictado de la sentencia, luego de la audiencia realizada el martes en el salón de Acuerdos del Palacio de Justicia: “necesitamos el voto del presidente (Antonio Gandur); luego irá pasando a los otros vocales que pueden adherirse, ampliar la posición o pedir una medida previa antes de dar su voto”.

“Cuando venga a mi vocalía yo sí voy a pedir más informes. Queremos que salga una sentencia clara y contundente, que monitoree el cumplimiento con posterioridad y le dé soluciones definitivas”, adelantó.

Detalles

Estofán aseguró que necesita conocer algunos detalles más de la situación de los lugares de detención, aunque admitió que ya tienen muchos elementos para resolver. Como ejemplo, el magistrado mencionó que quiere conocer cuántas causas se encuentran cerca de un juicio oral, con acusados que hoy están en libertad pero que en caso de ser condenados deberían ser alojados en el servicio penitenciario. “Son varios detalles que quiero tener en mi mano cuando resuelva. Vamos a dictar una sentencia que además de ser razonable, sea de cumplimiento posible”, razonó el vocal.

“Hay un compromiso también (del Gobierno) y va a ser tratado en la sentencia, de refaccionar las comisarías que alojan la mayor cantidad de detenidos. Hay una serie de detalles, como que no se puede tener en San Pedro de Colalao un detenido que va a venir a declarar acá, porque es costoso. Son varios temas a ver, y todo será analizado”, agregó.

Más guardiacárceles

El hábeas corpus había sido presentado el 29 de junio por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, luego de la muerte de dos presos en la Brigada de Investigaciones Norte. Además de solicitar que los detenidos no sean alojados en dependencias policiales, los denunciantes también pidieron que la custodia y traslado de los presos esté a cargo de personal especializado, y no de los policías.

“El tema también se lo ha tratado en la audiencia. Tienen que ser guardiacárceles quienes estén a cargo. El ministro (de Gobierno, Justicia y Seguridad Jorge Gassenbauer) informó que se están incorporando 150 nuevos guardiacárceles que se van a dedicar a trasladar presos, y además colaborarán en las comisarías donde haya mayor cantidad de detenidos y alojados”, concluyó Estofán.

En este sentido, fuentes de Casa de Gobierno comentaron que la intención es implementar un protocolo de traslado de detenidos, para lo cual necesitarían incorporar dos combis. De esa manera serían cuatro los móviles del Servicio Penitenciario que recorrerían a primera hora del día los distintos lugares de alojamiento, para llevarlos a tribunales. Se busca de esa manera sacar a la Policía la responsabilidad de los traslados.